Ocho candidatos presidenciales firmaron el acuerdo propuesto por el Consejo Nacional Electoral para el reconocimiento del resultado de las elecciones del 28 de julio
El acuerdo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exigió firmar a los 10 candidatos presidenciales este jueves 20 de junio contempla nueve puntos que van desde el cumplimiento a la Constitución, el rechazo a las sanciones y el respeto a los resultados electorales del 28 de julio.
Al evento, realizado en la sede del CNE, asistieron ocho de los 10 candidatos postulados para la contienda electoral. Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria, y Enrique Márquez, aspirante por el partido Centrados, fueron los grandes ausentes.
Más temprano, González Urrutia señaló en su cuenta en la red social X que la oposición es respetuosa del marco constitucional y del Acuerdo de Barbados a diferencia de otros actores que han violado estos acuerdos al retirarle la invitación a la Unión Europea como observador del proceso electoral y perseguir a la dirigencia opositora.
El documento leído por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, fue firmado por el mandatario Nicolás Maduro, quien busca su reelección, y los candidatos Antonio Ecarri, José Brito, Luis Eduardo Martínez, Benjamín Rausseo, Javier Bertucci, Daniel Ceballos y Claudio Fermín.
En el documento se les pide certificar con su firma que el CNE ha dado cumplimiento a todas las fases del proceso electoral. En este sentido, vale destacar los cuestionamientos que se han realizado desde la oposición sobre las fallas e irregularidades que se han dado, entre ellas, las denuncias sobre el Registro Electoral.
Nueve puntos del acuerdo
Primero: Actuar en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás normas que rigen este proceso electoral.
Segundo: Reconocer al Poder Electoral como la única autoridad legítima y competente para la organización, administración, dirección y vigilancia de la elección presidencial del próximo 28 de julio de 2024.
Tercero: Reconocer que el Consejo Nacional Electoral ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecidos en el cronograma electoral.
Asimismo, convalidar los resultados emitidos por el Poder Electoral, respetando la expresión perfecta de la voluntad popular manifestada a través del sufragio, en consonancia con lo previsto en los acuerdos de Barbados y Caracas.
Cuarto: Competir en un clima de respeto, paz y participación democrática, para que durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024 y los días posteriores a éste, no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país.
Quinto: Solicitar a los Gobiernos del mundo el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestra Nación.
Sexto: Cumplir con el deber de honrar y defender la Patria y exigir el levantamiento absoluto de las sanciones coercitivas unilaterales impuestas al noble pueblo de Venezuela.
Séptimo: Los objetivos del presente acuerdo son la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto a los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económico-sociales existentes, el estado de derecho constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y la democracia, fomentar una política de reconciliación como fundamento para la convivencia democrática nacional y el repudio absoluto a la violencia como instrumento político.
Octavo: Rechazar y denunciar cualquier financiamiento o recurso provenientes de hechos ilícitos nacionales e internacionales.
Noveno: Nosotros los candidatos reiteramos ante todas las venezolanas, los venezolanos, las Rectoras y los Rectores del Consejo Nacional Electoral, nuestra responsabilidad con la democracia, la plena sujeción al orden constitucional legalmente establecido en la República Bolivariana de Venezuela y la voluntad absoluta de reconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral, como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio, fundamentando sus actos en la preservación de la voluntad del pueblo, expresada a través del voto en ejercicio de su soberanía.
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